Expectativas de reformas fiscales 2020

Date Created: Oct 8th 2019 | Categories: Fiscal |

Con fecha 8 de septiembre de 2019 se presenta ante el Congreso de la Unión el Paquete Económico y Presupuesto para el año 2020, en donde se incluyen las políticas económicas para el ejercicio indicado, el presupuesto de gasto y las medidas recaudatorias que se implementarán a través de lo que se conoce como Reforma Fiscal, mismas que a continuación se describen.

 


Ley de Ingresos de la Federación

 

Tasa de retención anual por pago de intereses

Se propone un incremento a la tasa de retención anual, aplicable a los intereses pagados por las instituciones que conforman el Sistema Financiero.
La tasa vigente durante 2019 es de 1.04% y la que se propone para el ejercicio 2020 es del 1.45%, lo cual representa un incremento de alrededor de 39%.

Declaración informativa de operaciones relevantes

Se propone derogar en la Ley de Ingresos de la Federación y en el Código Fiscal de la Federación (CFF), lo relacionado con las obligaciones de reportar la forma oficial 76 de operaciones relevantes. Ello con motivo de las nuevas obligaciones de reporte que se proponen en el CFF que más adelante se comentarán.

Estímulos fiscales establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación

•Deducción adicional por donación de alimentos y medicinas
En términos generales se pretende dar continuidad a los estímulos fiscales otorgados a través de la Ley de Ingresos de la Federación hasta 2019, salvo por lo que respecta al estímulo fiscal consistente en una deducción adicional en el impuesto sobre la renta por un monto equivalente al 5% del costo de lo vendido de mercancías donadas a instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles, que sean aprovechables para la subsistencia humana en materia de alimentación o salud, el cual no se renovaría para 2020.

• Reubicación de estímulos fiscales de la Ley de Ingresos de la Federación
Con el objeto de otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y de mejorar la sistemática jurídica, la iniciativa incorpora de manera puntual y permanente al cuerpo de la Ley del ISR, las siguientes disposiciones hoy establecidas en la Ley de Ingresos de la Federación como estímulos fiscales:

1.- Como parte del procedimiento para la determinación de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, que deben efectuar los contribuyentes del Título II, se permite disminuir la utilidad fiscal determinada para el pago provisional, con el monto de la PTU pagada en el ejercicio.

2.- Se incorpora al artículo 186 de la Ley del ISR el estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente, un monto adicional equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a personas que empleen, que padezcan discapacidad motriz, que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; discapacidad auditiva o de lenguaje, en un 80% o más de la capacidad normal o discapacidad mental, así como cuando se empleen invidentes. Debido a que el beneficio comprendido en la LIF, en la mayoría de los casos, resulta superior al actualmente establecido en el propio artículo 186, consistente en la deducción del 100 % del ISR de esos trabajadores, se propone sustituir el estímulo fiscal que actualmente prevé la Ley del ISR, por el de la Ley de Ingresos de la Federación.

3.- Con la propuesta de reforma al artículo 189 de la Ley del ISR, se permite que el crédito fiscal al que tienen derecho los contribuyentes por las aportaciones que realicen a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional o en la distribución de películas cinematográficas nacionales, pueda ser aplicable inclusive en los pagos provisionales del ejercicio. Hasta 2019 este beneficio estaba contemplado como un estímulo en la Ley de Ingresos de la Federación.

 


Código Fiscal de la Federación

 

Empresas que emiten, comercializan y usan comprobantes fiscales de operaciones inexistentes.

Como una medida preventiva se propone que el SAT tenga atribuciones para impedir que haya contribuyentes con una e.firma vigente sin acreditar plenamente sus datos de identidad, domicilio y situación fiscal, conforme lo establece el Artículo 27 del CFF.

Se propone adecuar el contenido del inciso c) de la fracción X del Artículo 17-H del CFF, con el fin de precisar que la detección de la causal para dejar sin efectos los certificados de sellos digitales relativa a que se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas, se da dentro del ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades fiscales.

En este mismo sentido, se propone adicionar un segundo párrafo al citado inciso c), a fin de incorporar al texto legal lo dispuesto en el Artículo 9 del Reglamento del CFF, el cual establece que para efectos del procedimiento para dejar sin efectos el certificado de sello digital del contribuyente, se entenderá que la autoridad fiscal actúa en ejercicio de sus facultades de comprobación desde el momento en que realiza la primera gestión para la notificación del documento que ordene su práctica.

También se prevé adicionar los incisos d), e), f), g), h), i) y j) a la fracción X del Artículo 17-H del CFF para establecer como causal para dejar sin efectos el certificado de sello digital cuando la autoridad detecte, aun sin ejercer sus facultades de comprobación, las siguientes causales:

Que el contribuyente se encuentra publicado en el listado definitivo a que se refiere el cuarto párrafo del Artículo 69-B del mencionado Código; esto es, que se trata en definitiva de un facturador de operaciones inexistentes.

Que los contribuyentes se ubiquen en el supuesto previsto en el octavo párrafo del Artículo 69-B del CFF y que, una vez transcurrido el plazo previsto en dicho párrafo, no acreditaron la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios, ni corrigieron su situación fiscal; a fin de que en tanto dichos contribuyentes no acrediten los extremos mencionados, se vean impedidos a facturar.

Cuando detecte que el domicilio señalado no cumple con los supuestos a que se refiere el Artículo 10 del CFF.

Que los datos proporcionados por el contribuyente como medios de contacto son incorrectos o falsos.

Cuando los contribuyentes facturen ingresos o retenciones y éstos no correspondan con la información proporcionada en sus declaraciones, así como de aquella que se encuentre en poder de la autoridad fiscal o a la que tengan acceso, ello aun cuando no se ejerzan las facultades de comprobación por parte de la autoridad.

Aquellos contribuyentes que se detecte que han efectuado la transmisión indebida de pérdidas fiscales y se encuentren en el listado definitivo a que se refiere el octavo párrafo del Artículo 69-B Bis del CFF.

Se propone ampliar a diez días el plazo para que las autoridades fiscales resuelvan las aclaraciones que presenten los contribuyentes con el propósito de subsanar las irregularidades detectadas, o bien, para desvirtuar las causas que motivaron la aplicación de tal medida.

También se incorpora al texto legal lo dispuesto en el Artículo 10 del Reglamento del CFF, en el sentido de establecer la posibilidad para que la autoridad fiscal pueda requerir información para resolver las aclaraciones presentadas.

Buzón tributario

Se propone adicionar los párrafos tercero y cuarto al Artículo 17-K del CFF, para establecer la obligación de los contribuyentes de habilitar su buzón tributario y de registrar medios de contacto válidos. Para tales efectos, se estima necesario habilitar al SAT para emitir las reglas de carácter general a fin de establecer el procedimiento para registrar los medios de contacto correspondientes.

Adicionalmente, se propone establecer que cuando el contribuyente no habilite el buzón tributario o registre medios de contacto erróneos o inexistentes se entenderá que se opone a la notificación, por lo que la autoridad podrá realizar la notificación por estrados en términos de lo dispuesto por el Artículo 134, fracción III del CFF.

Responsabilidad solidaria

Se propone derogar el segundo párrafo de la fracción III del Artículo 26 del CFF, para suprimir los supuestos que liberan de la responsabilidad solidaria a los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra, así como de aquellas que se causaron durante su gestión.

Se propone reformar el tercer párrafo de la fracción III, así como las fracciones X, primer párrafo y XVII del Artículo 26, para evitar que las personas que tengan conferida la dirección general, gerencia general o la administración única de las personas morales, así como socios, accionistas y asociantes, queden excluidas del supuesto de responsabilidad solidaria por las contribuciones causadas o no retenidas por las personas morales durante su gestión, así como por las que debieron pagarse o enterarse durante la misma en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la persona moral que dirigen.

Inscripción en el RFC

Se restructura el Artículo 27, y se propone eliminar la salvedad para que los representantes legales, socios o accionistas de las personas morales con fines no lucrativos, no soliciten su inscripción en el RFC. Se sugiere establecer que las personas morales tendrán la obligación de presentar un aviso en el RFC cada vez que sus socios o accionistas sean modificados.

En este sentido, se propone establecer la posibilidad para que el SAT pueda requerir a los fedatarios públicos información sobre los documentos protocolizados ante ellos, para efectos de la inscripción o actualización en el RFC.

Se propone adicionar la posibilidad para que el SAT pueda realizar verificaciones al domicilio fiscal manifestado por el contribuyente, a efecto de que cuente con la opción de utilizar sistemas de georreferenciación que ofrecen vistas panorámicas y satelitales, en el proceso de inscripción al RFC o avisos de cambio de domicilio fiscal.

Se propone adicionar como sujetos obligados ante el RFC, a los órganos de la administración pública, supuesto que ya estaba contemplado en el Reglamento del CFF.

Obligaciones de las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

Se propone modificar la fracción V del Artículo 32-B, para señalar que las Instituciones Financieras y SOCAP están obligadas a obtener de sus cuentahabientes los datos relativos a su correo electrónico, número de teléfono o algún otro medio de contacto electrónico que determine el SAT mediante reglas de carácter general. Esto último, atendiendo al avance tecnológico que vaya existiendo en relación con los medios de comunicación digital, para no limitarlo al correo electrónico y que el SAT pueda llevar a cabo su actualización frecuentemente.

Particulares con los que las entidades de gobierno no deben contratar

Se propone ampliar el alcance del Artículo 32-D del CFF con la adición de supuestos para evitar que cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de la Federación, de las Entidades Federativas y de los Municipios, órganos autónomos, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física o moral, que reciban o ejerzan recursos públicos federales; contraten con contribuyentes que:

No estén localizados en su domicilio fiscal o que dicho domicilio no cumpla con los requisitos del Artículo 10 del CFF.

Que tengan sentencia condenatoria firme relacionada con la comisión de un delito fiscal.

Que se encuentren publicados en el listado definitivo de contribuyentes que facturan operaciones inexistentes a que se refiere el cuarto párrafo del Artículo 69-B del citado Código o transmiten indebidamente pérdidas fiscales en términos del Artículo 69-B Bis del mismo.

Que hayan manifestado en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, ingresos y retenciones que no concuerden con los comprobantes fiscales digitales por Internet, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso.

Se prevé que en ciertos casos de contratación con gobierno los contribuyentes deberán hacer pública su Opinión del Cumplimiento.

Sorteos de lotería fiscal

Se propone reformar el Artículo 33-B del CFF, a fin de ampliar el alcance del instrumento de política tributaria denominado “lotería fiscal”, para que puedan participar en él todas las personas que estén inscritas en el RFC, y no sólo limitarlo a la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet.

Firma electrónica avanzada de funcionarios de la SHCP y del SAT

Se propone adicionar un último párrafo al Artículo 38 del CFF, para permitir el uso de la referida firma electrónica en cualquier documento que emitan los funcionarios de la SHCP y del SAT, en ejercicio de sus atribuciones, y no quede limitado sólo a las resoluciones administrativas que deban notificarse.

Secreto fiscal

Se propone adicionar una fracción VII al décimo segundo párrafo del Artículo 69 del CFF, para establecer que la reserva establecida en dicho Artículo, no resulta aplicable a cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las Entidades Federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato, que reciban y ejerzan recursos públicos federales, que estando obligadas a la presentación de declaraciones periódicas se encuentren omisas en dicha obligación, dado que derivan de recursos públicos federales.

Adicionalmente, mediante una fracción IX se propone establecer que no aplica la salvedad tratándose de aquellas personas físicas o morales que se ubiquen en el supuesto previsto en el octavo párrafo del Artículo 69-B del CFF; es decir, que le den efectos fiscales a comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes sin que hayan acreditado la materialidad de las operaciones o hayan corregido su situación fiscal.

Tercero colaborador fiscal

A efecto de incentivar la colaboración de la sociedad en el combate a la práctica fiscal indebida de la compra de facturas falsas, se incorpora la figura de tercero colaborador fiscal (informante), cuya información podrá ser empleada para substanciar el procedimiento establecido en el Artículo 69-B del CFF, así como, para motivar las resoluciones de dicho procedimiento, en términos del Artículo 63 del mencionado Código.

Como incentivo al tercero colaborador fiscal, se propone que puedan beneficiarse participando en los sorteos de la lotería fiscal a que se refiere el Artículo 33-B del CFF.

Infracciones relacionadas con el RFC

Se propone adicionar una fracción X al Artículo 79, a fin de establecer como supuesto de infracción en materia del RFC para los fedatarios públicos, consistente en no atender los requerimientos realizados por la autoridad fiscal en el plazo concedido respecto de corroborar la autenticidad, la validación o envió de instrumentos notariales para efectos de la inscripción o actualización del RFC, con la consecuente sanción para los fedatarios públicos que no atiendan los mencionados requerimientos.

Infracciones relacionadas con la información proporcionada al buzón tributario

Se propone reformar la fracción II del Artículo 81, para incorporar como supuesto de infracción la presentación incompleta o errónea de los medios de contacto a que se refiere el Artículo 17-K del Código de la materia, siendo aplicable a dicha conducta la sanción establecida para la mencionada fracción en el Artículo 82 del mismo.

Infracciones relacionadas con llevar contabilidad

Se propone eliminar de la fracción XVIII del Artículo 83 del CFF, la referencia al IVA, con el objeto de que no demostrar la existencia de las operaciones amparadas por los comprobantes fiscales emitidos por sus proveedores, no se limite a dicho impuesto sino que se refiera a cualquier tipo de impuesto.

Se propone complementar el supuesto de aplicación para aquellas empresas que deducen operaciones inexistentes o simuladas que dentro del plazo legal previsto en el Artículo 69-B, octavo párrafo del CFF, no corrijan su situación fiscal ni acrediten la materialidad de sus operaciones, incrementando el monto de las sanciones previstas en el Artículo 84, fracciones III y XVI del citado Código, las cuales se fijan en un rango de mínimo y máximo, expresados en porcentajes del 55% a un 75% del monto del registro indebido o CFDI que ampare dichas operaciones.

Infracciones relacionadas con el buzón tributario

Se propone adicionar el Artículo 86-C del CFF, a efecto de establecer como infracción el no habilitar el buzón tributario y no registrar los medios de contacto conforme al Artículo 17-K de dicho Código, se propone adicionar el Artículo 86-D del CFF para establecer la multa de $3,080 a $9,250.

Infracciones cuya responsabilidad recae sobre terceros

Se propone adicionar una fracción IV al Artículo 89 del CFF para establecer como supuesto de infracción, cuya responsabilidad recae sobre terceros, permitir o publicar a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

La sanción aplicable a este supuesto será la ya prevista en el Artículo 90 del CFF que va de $54,200 a $85,200.

Infracción para concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones

Se propone la adición de un Artículo 90-Bis para establecer una sanción específica a los concesionarios de una red pública de telecomunicaciones en México que no cumplan, en un plazo máximo de cinco días, con la orden de suspensión de la conexión del proveedor de servicios digitales prevista en el artículo 18-H de la Ley del IVA (desconexión de Internet a plataformas digitales que incumplan obligaciones), la multa va de $500,000.00 a $1,000,000.00.

Adicionalmente, se propone que dicha sanción también se impondrá por cada mes de calendario que transcurra sin que la orden de suspensión se cumpla por parte de los mencionados concesionarios.

Notificaciones al contribuyente

Se modifica el orden de la redacción de los artículos 17-K y 134, para que quede en primer lugar la notificación por buzón tributario, después la notificación personal y al último el correo certificado.

Para hacer efectiva la obligación del contribuyente de designar medios de contacto válidos y fidedignos, se propone reformar el quinto párrafo de la fracción I del artículo 134 del CFF, para establecer que el mecanismo de comunicación es designado por el propio contribuyente y de esa manera, lograr una reforma armónica con el Artículo 17-K del citado Código.

Compensación de contribuciones

Se modifica el Artículo 23 para eliminar la denominada “Compensación Universal”.

Regla general antiabuso

Se adiciona el articulo 5-A donde se propone que, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, las autoridades fiscales podrán presumir que los actos jurídicos realizados por los contribuyentes carecen de una razón de negocios con base en los hechos y circunstancias del mismo.

Sin embargo, para salvaguardar el derecho de audiencia de los contribuyentes y evitar cualquier tipo de arbitrariedad, la autoridad fiscal no podrá determinar un crédito fiscal derivado de la recaracterización o inexistencia para efectos fiscales de los actos jurídicos realizados por los contribuyentes, sin darle antes la oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga.

Inclusión del artículo 69-B como condición para la aplicación de subsidios o estímulos.

Se propone incluir dentro de los supuestos del sexto párrafo del Artículo 32-D del CFF que para el otorgamiento de subsidios y estímulos a los contribuyentes no se ubiquen en el supuesto del Artículo 69-B del CFF.

Revelación de Esquemas Reportables

Se propone un régimen de revelación de esquemas reportables en México que proporcionará información sobre temas que las autoridades fiscales han identificado como áreas de riesgo durante el ejercicio de sus funciones.

En este sentido, se propone que los asesores fiscales sean los obligados principales a revelar los esquemas reportables, entendiendo por esquema reportable, cualquiera que pueda generar, directa o indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal en México y tenga alguna de las características identificadas como áreas de riesgo. Es importante aclarar que estos requisitos deben cumplirse en conjunto, es decir, no basta con que se obtenga un beneficio fiscal en México para que un esquema se considere reportable, sino que debe tener alguna de las características específicas previstas en las disposiciones que aquí se proponen.

Únicamente como excepción, los contribuyentes estarán obligados a revelar sus esquemas reportables cuando no haya un asesor fiscal externo o cuando este no se encuentre obligado.

Adicionalmente se propone que el SAT lleve a cabo un registro de asesores fiscales con el fin de mantener un control y verificar el cumplimiento de sus obligaciones.

Por su parte, se propone que los esquemas reportables se clasifiquen en generalizados (buscan comercializarse de manera masiva a todo tipo de contribuyentes o a un grupo específico), y personalizados (se adaptan a las circunstancias particulares de un contribuyente específico). Una vez que el esquema haya sido revelado, el SAT emitirá un número de identificación del mismo para que sea incluido en las declaraciones de impuestos de los contribuyentes a partir de la implementación del esquema.

Para evitar cargas de cumplimiento innecesarias, se prevé que cuando existan varios asesores fiscales respecto de un mismo esquema reportable, bastará con que uno de ellos presente la información a la autoridad fiscal para considerar que todos han cumplido la obligación de revelar. Sin embargo, con la finalidad de brindar protección y certeza a los asesores, para ser liberados de la obligación deberán recibir una constancia donde se establezca que uno de los asesores ha cumplido la obligación y ha liberado de la obligación a los asesores allí previstos.

Por otra parte, se prevé que los asesores fiscales presenten una declaración informativa en el mes de febrero de cada año que contenga una lista con los datos relevantes de sus clientes.

Estas obligaciones deberán computarse a partir del 01 de Julio de 2020.

Se propone establecer como supuesto para la suspensión del plazo de caducidad, el no revelar o revelar de forma incompleta o con errores un esquema reportable, hasta en tanto o se tenga conocimiento de la existencia del esquema reportable o de la información faltante o correcta.

Características de un esquema reportable

Se entiende por esquema reportable, cualquiera que pueda generar, directa o indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal en México y tenga alguna de las características identificadas como áreas de riesgo. Es importante aclarar que estos requisitos deben cumplirse en conjunto, es decir, no basta con que se obtenga un beneficio fiscal en México para que un esquema se considere reportable, sino que debe tener alguna de las características detalladas en el nuevo Título VI que se adiciona al Código.
Se considera esquema, cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos. No se considera un esquema, la realización de un trámite ante la autoridad o la defensa del contribuyente en controversias fiscales.

Alcance de asesor fiscal

La propuesta de reforma precisa que se entiende por asesor fiscal cualquier persona física o moral que, en el curso ordinario de su actividad, sea responsable o esté involucrada en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de un esquema reportable o quien pone a disposición un esquema reportable para su implementación por parte de un tercero.

Multas

En la propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF), se plantean nuevas infracciones y multas relacionadas con los esquemas reportables, tanto para lo asesores fiscales como para los contribuyentes.

Comentarios finales

Las normas propuestas para la revelación de esquemas reportables presentan aspectos que son subjetivos y que colocan al contribuyente y a los asesores en una situación de inseguridad jurídica considerable.

Es importante que los legisladores analicen las consecuencias tanto jurídicas como prácticas de este tipo de obligaciones, de manera que no se afecten los derechos de los contribuyentes y se respete un marco normativo esencial para el adecuado desarrollo de los negocios en el país.

 


Ley Impuesto sobre la Renta

 

Establecimiento permanente (artículos 2 y 3)

De acuerdo con una de las recomendaciones del Proyecto de Erosión sobre la Base Tributaria y Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en inglés) puesto en marcha por la OCDE, en los tratados para evitar doble tributación se han incorporado algunas disposiciones para evitar estrategias tendientes a impedir que se defina un establecimiento permanente.

Para extender el concepto de establecimiento permanente se ha propuesto lo siguiente:

Cuando un residente en el extranjero actúe en el país a través de una persona distinta a un agente independiente, se considerará que el residente tiene establecimiento permanente si dicha persona resuelve habitualmente contratos o desempeña el papel principal en la celebración de los contratos realizados por el residente en el extranjero y éstos se celebran a nombre o por cuenta suya.

Estos contratos incluyen la enajenación de derechos de propiedad, del uso o goce temporal de bienes que posea el residente en el extranjero o sobre el cual tenga derecho para su uso o goce temporal o bien, que obliguen al residente en el extranjero a prestar un servicio.

Se presume que una persona física o moral no es agente independiente, cuando actúa exclusivamente (o casi) por cuenta de residentes en el extranjero que sean sus partes relacionadas.
Las actividades que señala el artículo 3 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR)que no constituyen establecimiento permanente, quedarán condicionadas a que cumplan la condición de ser de carácter auxiliar o preparatorio.

Para evitar que un residente en el extranjero o partes relacionadas “fragmenten” una operación de negocios en varias operaciones menores para argumentar que en lo individual cada una coincide con las condiciones de actividades preparatorias o auxiliares.

Combate a mecanismos híbridos

También por recomendación de la OCDE, se proponen reglas para evitar la erosión de la base tributaria .

Se agrega un párrafo al artículo 5 de la LISR, para negar el acreditamiento indirecto cuando el pago del dividendo distribuible haya sido deducible para la empresa que lo paga o cuando el impuesto también sea acreditable en otro país o jurisdicción.

Modifica la fracción XXIII del artículo 28 de la LISR para que no se puedan deducir los pagos hechos a una parte relacionada con cualquier figura jurídica, cuando éstos sean sujetos de un Régimen Fiscal Preferente (REFIPRE), sin excepción alguna.

El pago debe hacerse a través de un “acuerdo estructurado”.

Elimina la fracción XXI del mismo artículo 28

Pagos realizados a entidades extranjeras transparentes fiscales y figuras jurídicas extranjeras.

Se adiciona un artículo 4-A para regular los ingresos generados por entidades extranjeras transparentes y figuras jurídicas extranjeras, por pagos que hagan los residentes en México.

También se agrega un artículo 4-B en Disposiciones Generales, para distinguir con claridad:

– La obligación de los contribuyentes de acumular los ingresos que generen a través de entidades extranjeras o figuras jurídicas que sea transparentes en el extranjero.

– La de acumular ingresos generados por entidades extranjeras controladas por residentes en México o establecimientos permanentes de residentes en el extranjero, sujetos a un régimen fiscal preferente.

Se plantea suprimir la excepción contenida en el artículo 176 sobre los ingresos por regalías, que hasta hoy no se consideran ingresos sujetos al régimen fiscal preferente, bajo ciertas condiciones.

Las entidades transparentes no son contribuyentes en el país donde fueron constituidas o tiene asiento su administración y sus ingresos los asumen sus socios o miembros.

Limitación a la deducción de intereses

Se introduce una regla que limita la deducción de intereses con base en las utilidades fiscales antes de intereses, depreciaciones y amortizaciones. La propuesta presentada considera una ratio del 30%.

Utilidad fiscal ajustada X 30 % = Límite de intereses netos deducibles

La disposición aplica tanto a personas morales que formen parte de un grupo multinacional como a personas morales que formen parte de un grupo nacional o aquéllas que no formen parte de un grupo empresarial.

Se incluye una definición de intereses netos para efectos de calcular el monto no deducible, considerando una “Utilidad Fiscal Ajustada” multiplicada por la tasa del 30%, dando como resultado el límite de deducibilidad. Se permitiría una deducción en los tres ejercicios siguientes del monto no deducible durante el ejercicio.

Esta disposición será aplicable a intereses deducibles a partir del ejercicio fiscal 2020, independientemente de que provengan de deudas contratadas en años anteriores.

Se prevén algunas exclusiones a esta regla, como el caso de financiamiento a obras de infraestructura pública.La utilidad y pérdida cambiarias no se consideran intereses para este límite. El SAT estará facultado pare emitir reglas para aquellos casos en los que el contribuyente no tenga utilidad neta ajustada.

Arrendamiento de equipo industrial, comercial o científico.

Se plantea suprimir el artículo 158 para evitar confusión y precisar que es el artículo 167 el que establece la forma en la que son gravadas las regalías pagadas a residentes en el extranjero por un residente en México o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en territorio nacional, sobre la base de que el artículo 15-B LISR define como regalías los ingresos por otorgar el uso o goce de equipos de estas características.

Disminución de PTU en la utilidad fiscal para pagos provisionales

Se incorpora al texto de la LISR la disminución de la PTU en el cálculo de los pagos provisionales, prevista actualmente como estímulo en la Ley de Ingresos.

Subcontratación laboral

LISR establece como requisito de deducción

Se propone establecer como requisito de las erogaciones por subcontratación laboral que el contribuyente cumpla con la obligación de retener y enterar impuestos a cargo de terceros o que recabe de los terceros, los documentos en los que conste el pago de dichos impuestos.

Ampliación del régimen aplicable al sector primario (AGAPES), para incluir las actividades industriales y comerciales

La propuesta se refiere a personas morales constituidas totalmente por ejidatarios y comuneros y comunidades constituidas de conformidad con la Ley Agraria, dedicadas a industrializar y comercializar productos del sector primario, para que tengan el beneficio de la reducción del impuesto.

Esquema de retención para personas físicas que realicen ventas al menudeo

Se plantea un esquema que facilite el pago de ISR de las personas que únicamente realicen actividades empresariales al menudeo como vendedores independientes de productos de empresas por catálogo.
Las empresas harán la retención y entero sobre la diferencia entre el precio de venta sugerido y el costo de compra, aplicando la tarifa de ISR a cada persona.

Tasa efectiva aplicable a negativa de pensión

Se plantea incorporar a la LISR (artículo 96 Bis) la disposición de la Resolución Miscelánea para que las Afores y PENSIONISSSTE apliquen a tasa efectiva de ISR a los retiros que se realicen en una sola exhibición de las cuentas individuales, cuando se trate de trabajadores sin derecho a una pensión.

Ingresos por arrendamiento

Se propone que en las sentencias de orden civil en las que se condene al arrendatario al pago de rentas vencidas, la autoridad judicial requiera al acreedor a expedir el CFDI correspondiente.

Economía digital

Se plantea adicionar a la LISR, la sección III al Capítulo II del Título IV (personas físicas) para regular la operación de aquéllas que tenga actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de internet, estableciendo un esquema de retención que efectúen las personas morales residentes en México o el extranjero o figuras jurídicas que proporcionen directa o indirectamente el uso de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares.

En la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes, la tasa de retención va del 2 % al 8%.

Por la prestación de servicios de hospedaje, las tasas mínima y máxima son 2% y 10% respectivamente.
En enajenación de bienes y prestación de servicios, las tasas van del 3 % al 17%.

 


Ley del Impuesto al Valor Agregado

 

Retención del IVA de subcontratación laboral.

Se propone obligar a las empresas que reciban servicios de subcontratación laboral en términos de la LFT, que retengan el IVA que les trasladen las personas morales o físicas que proporcionen estos servicios.

Procedimiento para acreditar el IVA cuando se realicen actividades no objeto del impuesto.

Se propone modificar el tratamiento actual en materia de acreditamiento del IVA, para establecer lo siguiente

a) Concepto de “actividades no objeto del impuesto”:

Se piensa adicionar el artículo 4o.-A a la Ley, para determinar el concepto de actos o actividades no objeto del impuesto, en donde se contemplan como tales a los que realice el contribuyente que sean diferentes a los que contempla el artículo 1o. (la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes o servicios) de la ley, por los que obtenga ingresos o contraprestaciones, para cuya obtención realice gastos e inversiones en los que le fue trasladado el IVA o el que hubiera pagado con motivo de la importación.

b) IVA no acreditable por actividades no objeto del impuesto y prorrateo:

Se propone reformar el artículo 5o. de la Ley, para precisar que el impuesto trasladado al contribuyente por gastos realizados para llevar a cabo actividades que no son objeto del impuesto no sería acreditable en ningún caso. Además se establecería que cuando el contribuyente realice actividades no objeto del impuesto y además actividades gravadas o gravadas y exentas, se tendrían que considerar los ingresos o contraprestaciones que obtenga por las actividades no objeto dentro del valor total de las actividades para calcular el factor de acreditamiento del impuesto, si para realizarlas destina gastos que utiliza indistintamente para las actividades mencionadas, con el propósito de que el acreditamiento corresponda a la proporción que representan las actividades gravadas dentro del total de actividades del contribuyente.

c) Homologación de tratamiento en inversiones

Se homologaría el tratamiento descrito en el inciso anterior, tratándose de acreditamiento del IVA que le trasladen al contribuyente en caso de inversiones a que se refiere la Ley del ISR.

Eliminación de la compensación de los saldos a favor de IVA.

Se propone que cuando en la declaración de pago del IVA resulte saldo a favor, el contribuyente únicamente pueda acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta que se agote o solicitar la devolución.

Por lo anterior, se pretende eliminar de la ley la posibilidad de compensar los saldos a favor del IVA contra otros impuestos.

Exención del IVA a las actividades que realizan las instituciones asistenciales.

Se propone exentar del IVA, a la enajenación de bienes, la prestación de servicios y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, que realicen las instituciones de asistencia o beneficencia, autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos, que tengan como beneficiarios a personas, sectores, y regiones de escasos recursos; que realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad (fracción VI del artículo 79 de la Ley del ISR).

Servicios de transporte particular.

Se aclara que no se consideraría transporte público terrestre de personas aquel contratado mediante plataformas de servicios digitales de intermediación entre terceros que sean oferentes de servicios de transporte y los demandantes de los mismos, cuando los vehículos con los que se proporcione el servicio sean de uso particular. Por lo tanto, este servicio no estaría exento del IVA.

Tratamiento para IVA a los servicios digitales proporcionados por residentes en el extranjero sin establecimiento en México.

Se propone establecer en el artículo 16 de la Ley del IVA que para el caso de los servicios digitales que sean prestados por residentes en el extranjero sin establecimiento en México, se consideraría que el servicio se presta en territorio nacional cuando el receptor del servicio se encuentre en el territorio mencionado.

Derivado de lo anterior, se propone incluir el capítulo III-BIS de la Ley del IVA para contemplar el marco normativo aplicable a la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento en México. Por lo anterior se propone considerar los servicios digitales que se describen a continuación, cuando éstos se proporcionen mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de Internet u otra red, fundamentalmente automatizados, pudiendo o no requerir una intervención humana mínima, siempre que por los servicios mencionados se cobre una contraprestación:

a) La descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, incluyendo los juegos de azar, así como otros contenidos multimedia, ambientes multijugador, la obtención de tonos de móviles, la visualización de noticias en línea, información sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos y estadísticas. No se aplicaría este punto a la descarga o acceso a libros, periódicos y revistas electrónicos.

b) Los de intermediación entre terceros que sean oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos, incluyendo los servicios de publicidad que les proporcionen.

c) Los clubes en línea y páginas de citas.

d) Almacenamiento de datos.

e) Enseñanza a distancia o de test o ejercicios.

Los supuestos siguientes definirán cuando el receptor del servicio se encuentra en el territorio nacional:

1. Cuando el receptor manifieste al prestador del servicio un domicilio ubicado en territorio nacional.

2. Cuando el receptor del servicio realice el pago al prestador del servicio mediante un intermediario ubicado en territorio nacional.

3. Cuando la dirección IP que utilicen los dispositivos electrónicos del receptor del servicio se encuentre en territorio nacional.

Se establecerían las siguientes obligaciones de los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México:

1. Inscribirse en el RFC ante el SAT.

2. Ofertar y cobrar, conjuntamente con el precio de sus servicios digitales, el IVA correspondiente en forma expresa y por separado.

3. Llevar un registro de los receptores ubicados en territorio nacional que reciban sus servicios y de los cobros efectivamente recibidos en cada mes de calendario.

4. Proporcionar al SAT la información sobre el número de servicios u operaciones realizadas en cada mes de calendario con los receptores ubicados en territorio nacional que reciban sus servicios, clasificadas por tipo de servicios u operaciones y su precio, así como el número de los receptores mencionados. Dicha información se presentaría mediante declaración electrónica a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda.

5. Calcular en cada mes de calendario el IVA correspondiente, aplicando la tasa del 16% a las contraprestaciones efectivamente cobradas en dicho mes y efectuar su pago mediante declaración electrónica que presentarán a más tardar el día 17 del mes siguiente de que se trate.

6. Emitir y enviar vía electrónica a los receptores de los servicios digitales en territorio nacional los comprobantes correspondientes al pago de las contraprestaciones con el impuesto trasladado en forma expresa y por separado, cuando lo solicite el receptor de los servicios, mismos que deberán reunir los requisitos que permitan identificar a los prestadores de los servicios y a los receptores de los mismos.

7. Designar ante el SAT un representante legal y proporcionar un domicilio en territorio nacional para efectos de notificación y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales por las actividades realizadas.

Es importante hacer notar que el incumplimiento de las obligaciones arriba mencionadas motivaría la imposición de sanciones; destacando que si no se cumplen las descritas en los puntos 1 y 7 anteriores, se suspendería la conexión que el residente en el extranjero tenga con los concesionarios de una red pública de telecomunicaciones en México, hasta el momento en que dicho residente cumpla con las obligaciones omitidas.

Los receptores de los servicios podrían acreditar el impuesto que les sea trasladado en forma expresa y por separado, siempre que cumplan los requisitos que para tal efecto se establecen en la ley, con excepción de los aplicables a los CFDI; en sustitución de éstos, los comprobantes deberán reunir, al menos, los requisitos que se establezcan conforme a lo señalado en el punto 6 anterior.

CFDI de retención por servicios personales independientes o por el uso o goce temporal de bienes.

Se propone que las personas morales que se encuentren obligadas a efectuar la retención del IVA en los términos del artículo 1o.-A, fracción II, inciso a, es decir, por recibir servicios personales independientes o por usar o gozar temporalmente de bienes, prestados u otorgados por personas físicas, puedan optar por no proporcionar el comprobante fiscal correspondiente, siempre que la persona física que preste los servicios profesionales o haya otorgado el uso o goce temporal de bienes, les expida un comprobante fiscal que cumpla con los requisitos fiscales y en el comprobante se señale expresamente el monto del impuesto retenido. Las personas físicas que expidan el comprobante fiscal referido podrán considerarlo como constancia de retención del impuesto y efectuar el acreditamiento del mismo en los términos de las disposiciones fiscales.

Entrega de rentas vencidas en juicios de arrendamiento inmobiliario.

Se propone adicionar un último párrafo al artículo 33 de la Ley del IVA para que en el caso de juicios de arrendamiento inmobiliario en los que se condene al arrendatario al pago de las rentas vencidas, la autoridad judicial requeriría al acreedor que compruebe haber emitido los comprobantes fiscales correspondientes. Cuando el acreedor no acredite haber emitido dichos comprobantes, la autoridad judicial tendría que informar al SAT la omisión mencionada en un plazo máximo de 5 días contados a partir del vencimiento del plazo que la autoridad judicial haya otorgado al acreedor para cumplir el requerimiento.

 


Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

 

Actualización de la cuota en tabacos labrados.

Se propone que la cuota de tabacos labrados a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso C, de la Ley del IEPS, sea de $0.4980 a partir del 1o. de enero de 2020. El propósito es que se reconozca la inflación en la cuota.

La propuesta también incluye que esta cuota se sujete a una mecánica de actualización anual como se hace con las demás cuotas que se establecen en esta Ley, expresándolas hasta el diezmilésimo a fin de mantener la carga fiscal en términos reales. El propósito es que con la actualización de la cuota se evita que las personas trasladen su consumo de cigarros caros a baratos y permite que la carga fiscal derivada de la cuota específica sea la misma con independencia de su precio y que con esto se contribuya efectivamente a lograr reducir el tabaquismo.

Actualización de la cuota a bebidas saborizadas.

Se propone modificar el artículo 2o., fracción I, inciso G, de la Ley del IEPS, para que la cuota que se aplica a bebidas saborizadas, a partir del 1o. de enero de 2020 sea de $1.2705 y que esta cuota sea actualizada anualmente y entre en vigor el 1o. de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del CFF.

Actualización de las cuotas en gasolinas.

Se propone modificar el artículo 2o.-A, fracciones I y II, de la Ley del IEPS para que la cuota que se aplica a las gasolinas quede de la siguiente forma.

a) Gasolina menor a 91 octanos, 42.43 centavos por litro.

b) Gasolina mayor o igual a 91 octanos, 51.77 centavos por litro.

Cabe mencionar que actualmente la ley se refiere a 92 octanos.

Eliminación de reglas relativas al IEPS en cervezas.

Se propone derogar el artículo 2o.-C de la Ley del IEPS, que se refiere a aplicar una cuota de $3.00 por litro enajenado o importado de cerveza.

Eliminación de la compensación de saldos a favor de IEPS.

Se propone eliminar de la ley la posibilidad de compensar los saldos a favor de IEPS contra otros impuestos.

 


Ley Federal de Derechos

 

1. Se propone realizar algunas adecuaciones a los cobros por la prestación de los servicios que proporcionan las distintas dependencias de la Administración Pública Federal en las materias migratoria; de publicaciones; de radio, televisión y cinematografía; aduanera; energética; de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano; de servicios marítimos; de telecomunicaciones; de acuacultura, y de agua, entre otras.

2. Propone la derogación de diversos derechos con el propósito de agilizar y simplificar la realización de diversos trámites a los particulares y a las propias instancias gubernamentales o, en su caso, alinear la ley fiscal con la ley sectorial al ya no contemplar determinados servicios por parte de las autoridades. También, con el fin de homologar los supuestos de causación de los derechos a la legislación sectorial aplicable y en virtud de un ajuste de facultades entre la Secretaría de Marina y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su división de Marina Mercante, se propone ajustar el cobro de diversos derechos tomando en consideración las facultades que correspondan a cada una de estas dependencias a fin de otorgar certeza jurídica a los ciudadanos que se ubiquen en determinado supuesto.

3. En la materia aduanera, entre otros aspectos, se propone modificar el pago del derecho por el examen para aspirante a agente aduanal, representante legal o dictaminador aduanero, así como adicionar el pago de derechos por la expedición de autorización de aduana adicional y por la expedición de autorización de cambio de aduana de adscripción.

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